Investigan a dos veterinarios y a la responsable de una protectora por el supuesto traslado ilícito de más de 750 perros a Francia

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Discrepancias’, desarrollada por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Jaén, ha procedido a la investigación de tres personas —dos veterinarios colegiados y la responsable de una protectora de animales — como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, apropiación indebida, maltrato animal, coacciones y amenazas.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la posible comisión de irregularidades en el funcionamiento de una asociación protectora de animales ubicada en la provincia de Jaén, que habría sido objeto de múltiples denuncias por parte de propietarios de perros, quienes acusaban a la responsable de apropiarse indebidamente de sus animales mediante engaños, amenazas y presiones.

Durante la inspección de las instalaciones, los agentes del Seprona constataron que la protectora carecía de la preceptiva Licencia de Actividad, así como de la autorización y registro como núcleo zoológico, vulnerando la normativa vigente en materia de protección y sanidad animal. Asimismo, se procedió a la revisión documental de los 51 perros alojados en el recinto, detectándose graves anomalías en la identificación, vacunación y trazabilidad sanitaria de los animales, 35 de los animales no estaban identificados con microchip. En varios casos, se confirmó la existencia de denuncias por pérdida o sustracción presentadas por sus legítimos propietarios.

Los agentes llevaron a cabo un estudio y análisis cruzado de la documentación aportada —pasaportes europeos, cartillas sanitarias y datos del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), así como de la base de datos europea de mascotas identificadas con microchip (EUROPETNET)— evidenciándose graves incongruencias. Entre ellas, se detectaron vacunas inoculadas que estaban caducadas en el momento de su aplicación, así como vacunaciones antirrábicas, contra el moquillo canino y otras enfermedades, que fueron administradas y anotadas con anterioridad a la identificación del animal mediante microchip y a la expedición de las cartillas sanitarias.

Además, algunos pasaportes reflejaban las vacunaciones y tratamientos realizados, pero no estaban registrados oficialmente en RAIA. También se encontraron diferencias entre los números de lotes y las fechas de vacunación consignadas en los pasaportes respecto a las que figuraban en los registros oficiales. A esto se suma que los tratamientos contra la Echinococcus aparecían reflejados en los pasaportes con fechas distintas a las registradas en las fichas clínicas del sistema RAIA.

Por último, se detectaron inconsistencias en la localización y el estado de registro de algunas mascotas. En varios casos, animales que se encontraban en Francia seguían dados de alta en la base de datos EUROPETNET, pero no habían sido dados de baja en RAIA. En otros, se comprobó que algunos habían sido dados de baja en RAIA por traslado a Francia, sin embargo, no figuraban en EUROPETNET.

Posteriormente, autorizado judicialmente, se procedió a la extracción de muestras de sangre de varios canes, siendo analizadas en el Laboratorio Central de Sanidad Animal. Los resultados confirmaron que algunos animales no estaban vacunados contra la rabia o lo estaban de forma incorrecta, a pesar de que los mismos habían sido vacunados conforme a sus pasaportes, incumpliendo la legislación vigente en materia de sanidad animal.

UNA COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLA Y FRANCESAS

La investigación permitió constatar por parte de los agentes, que el destino de los perros residentes en las instalaciones de la asociación investigada sería su exportación al país vecino de Francia, bajo la apariencia de adopciones legales, utilizando para ello el sistema TRACES (sistema de control veterinario de movimientos intracomunitarios).

Las autoridades francesas, en colaboración con las españolas, confirmaron que hasta la fecha se habían realizado, 95 envíos a Francia desde la protectora, con un total de 762 perros transportados. Pagándose por cada uno, cantidades de entre 350 y 400 euros en concepto de tasas de adopción, más un depósito de 500 euros si el animal no estaba esterilizado, lo que habría generado un beneficio de miles de euros. Verificando que varios de estos animales habían sido denunciados como desaparecidos en España.

Los pasaportes eran expedidos y firmados por dos veterinarios colegiados que, presuntamente, se habrían encargado de alterar documentos oficiales, incluyendo datos de microchip, vacunaciones, desparasitaciones y titularidad, incumpliendo la normativa aplicable. También habrían gestionado de forma fraudulenta la documentación TRACES necesaria para el traslado de los animales a territorio francés.

Los hechos descritos y las evidencias recabadas están relacionadas con diversos tratamientos obligatorios y procedimientos veterinarios que, en lugar de ser realizados con la diligencia y el cuidado adecuados, han sido llevados a cabo de manera negligente o deficiente. Estos actos suponen un grave perjuicio para el bienestar animal, además de representar un grave riesgo para la salud pública por la posible introducción y propagación de enfermedades zoonósicas, como la rabia, en territorio nacional y comunitario.

De las actuaciones practicadas se han instruido las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Úbeda (Jaén). Los animales han quedado inmovilizados cautelarmente en las instalaciones de la protectora, a disposición de la autoridad judicial competente.